La medida traslada a las plataformas digitales la responsabilidad de filtrar la oferta de alquileres turísticos sin registro. Para los propietarios que operan sin licencia, significa perder la vidriera principal de sus propiedades. Para las plataformas, implica revisar catálogos a gran escala y asumir costos de control que antes no tenían. El caso muestra cómo la regulación del alquiler temporario se empieza a ejecutar sobre los intermediarios y ya no solo sobre quien alquila.