El expediente pone a prueba si una plataforma digital es responsable de la oferta que aloja cuando esa oferta está vinculada a un territorio en disputa. Si la investigación avanza, las plataformas tendrán que revisar cómo moderan anuncios de alto contenido político, algo que hoy depende de criterios internos poco transparentes. El resultado definirá quién controla qué se ofrece a los usuarios y bajo qué reglas.