El plazo fijado por el Supremo obliga a los consulados a revisar expedientes en un período muy corto, y de ese trabajo depende que el Estado cumpla una resolución judicial. Cuántas oficinas ya enviaron los datos determina si el ultimátum se cumple o si el conflicto entre el tribunal y el Ejecutivo se profundiza. Lo que está en juego es la validez de la concesión de nacionalidades a miles de descendientes de exiliados.