La ratificación cierra el proceso judicial y deja firme que la explotación laboral y la violencia dentro de un espectáculo tienen consecuencias penales. Para las familias que trabajan en circos itinerantes, el caso fija un precedente sobre quién responde cuando el empleador es también quien controla la vida cotidiana de sus empleados. La condena confirma que la justicia no acepta la tradición o la itinerancia como excusa para el abuso.