Una condena de esta magnitud fija un precedente sobre cómo la justicia colombiana persigue redes de explotación que atraviesan fronteras. Veintitrés años de prisión para un caso con dieciséis víctimas menores marca el límite que el sistema está dispuesto a aplicar. Para las familias de esos chicos, la sentencia es el primer paso de una reparación que tarda años y que nunca alcanza a deshacer lo ocurrido.