Una condena de 23 años cierra un caso de explotación sexual comercial de una menor, un delito que muchas veces se apoya en ofertas de dinero, fiestas y drogas para captar víctimas vulnerables. El fallo también muestra que la cooperación judicial entre países puede llevar a sentencias para delitos cometidos fuera de la jurisdicción de origen del acusado. Lo que queda en juego es la protección de las niñas frente a redes que operan con engaño y que todavía tienen margen para repetirse.