La condena es de prisión efectiva, así que el acusado irá a la cárcel por catorce años por abusar de dos niñas. Cuando un líder religioso usa la confianza de una comunidad para dañar a menores, el daño no se limita a las víctimas: alcanza a las familias que lo seguían y a los espacios donde esos chicos deberían haber estado protegidos. Un fallo así obliga a preguntarse quién controla lo que pasa dentro de las iglesias y las instituciones que reciben a niños, y si esos controles alcanzan. La pena cierra un caso, pero deja a la vista una pregunta que la justicia sola no resuelve.