Un pago de ese monto sobre un contrato de infraestructura deportiva compromete fondos públicos de la ciudad y obliga a sostener la discusión sobre cómo se ejecutan las obras. Mientras el reclamo siga abierto, el proyecto queda expuesto a nuevas revisiones y a demoras en lo que se decida después. Lo que se pone en juego es la transparencia de los pagos y la capacidad de control de los organismos sobre contratos de gran escala.