Es el primer juicio en el que Máximo Kirchner queda sentado como acusado, lo que amplía el alcance judicial del caso más allá de la expresidenta. Una eventual condena por asociación ilícita y lavado tendría efectos sobre la estructura política del kirchnerismo y sobre los bienes vinculados a las sociedades investigadas. El proceso define si la causa avanza hacia una sentencia en un contexto de tres juicios en paralelo para la misma familia.