El expediente vuelve a abrirse tras haber sido cerrado en 2021, lo que significa que los imputados deberán afrontar nuevamente un proceso penal con todo lo que implica en términos de defensa, tiempos y costos. La demora hasta 2028 mantiene la causa como un factor de tensión en la agenda política durante al menos dos ciclos electorales. Lo que está en juego es si una resolución judicial previa puede ser revisada en el marco de la misma investigación, una discusión que excede a los protagonistas y alcanza a la forma en que funciona la justicia federal.