El juicio pone en el banquillo a un entramado de socios y empresarios que, según la acusación, funcionó como circuito para mover fondos del poder político. Que los imputados se conecten de forma remota al inicio del proceso no altera la gravedad de los cargos que enfrentan. La causa será un test sobre cómo la Justicia reconstruye vínculos entre dinero público y privados durante la última década.