La acusación apunta a una de las causas de corrupción más seguidas de la política argentina y compromete a dos miembros de la misma familia en el centro del proceso. Si la hipótesis de la asociación ilícita prospera, el caso podría definir responsabilidades penales de dirigentes que tuvieron cargos de máxima jerarquía en el Estado. Para el sistema judicial, el desarrollo del juicio será una prueba sobre su capacidad de investigar a figuras con peso político durante años. El resultado marcará precedentes sobre cómo se persigue el uso de fondos públicos en el país.