El caso muestra cómo un subalquiler no autorizado deja al propietario pagando hipoteca y gastos mientras no recupera el uso de su casa. Entre el impago y la ocupación por terceros, el dueño queda con un problema que puede escalar a un proceso judicial de desalojo. La diferencia de 1000 euros marca además el margen de ganancia que obtiene quien subalquila sin autorización. Lo que se pone en juego es el costo que asume un propietario cuando el contrato no se cumple.