El ingreso de un equipo médico a una cárcel para atender a un recluso bajo trámites de sus abogados abre preguntas sobre cómo se autorizan los procedimientos dentro del sistema penitenciario colombiano. La confidencialidad médica protege al paciente, pero también deja a la justicia con poca información sobre qué se hizo y con qué fines. Un caso así pone a prueba el control que el Estado ejerce sobre los accesos a los presos de alto perfil.