Las rebajas alcanzan a condenados por abuso sexual infantil y por crímenes de lesa humanidad, dos categorías de delitos cuyas penas el sistema judicial chileno considera de máxima gravedad. El conflicto entre el Ejecutivo y la Corte Suprema deja en evidencia quién decide en la práctica sobre la libertad de estos condenados. Si el Parlamento logra invalidar los decretos, el caso podría redefinir los límites de las facultades del Gobierno para conceder beneficios carcelarios.