La cifra de más de 45 millones recae sobre el presupuesto de una ciudad de poco más de 80.000 habitantes, y eso obliga a discutir de dónde sale el dinero para absorber el gasto. Cuando una administración local tiene que sostener una emergencia de esta escala, las partidas que se postergan suelen ser las mismas de siempre: servicios, obra pública y atención cotidiana. Lo que se decida sobre quién paga esta factura va a condicionar la vida de la ciudad mucho después de que se apague la noticia.