Cuando el costo de vida moviliza a más de cien mil personas en una sola capital, el malestar deja de ser un reclamo sectorial y se vuelve un problema de gobernabilidad. Las detenciones masivas muestran que la tensión social escala y que el conflicto no se resuelve en la calle. Lo que se decida sobre precios y salarios en los próximos meses determinará si la protesta se apaga o vuelve más grande.