El fallo fija que el Estado local responde en forma solidaria cuando sus habilitaciones sirven de cobertura a la explotación sexual. Para los municipios, cada permiso de funcionamiento a un local nocturno pasa a tener un costo judicial concreto si allí se comete un delito de trata. Para las víctimas, la condena a un organismo público abre una vía de reparación que antes dependía casi por completo de los particulares responsables.