El procedimiento incapacitante es una herramienta de alto impacto sobre la vida civil y patrimonial de una persona, y que la misma institución lo aplique en un caso y lo niegue en otro deja al descubierto criterios que hasta ahora no estaban explicitados. Si esas diferencias se sostienen, quedan en juego la previsibilidad de estos procedimientos y la confianza en que se aplican a todos por igual. La discusión ya no es solo sobre dos personas: es sobre qué reglas se usan cuando el Estado decide quién puede manejar sus propios asuntos.