Si Europa avanza con una estrategia industrial propia, cambia la forma en que las empresas del continente deciden dónde fabricar, con impacto directo en inversiones, empleo y precios de la energía. España tiene interés en que parte de esa producción se localice en su territorio, lo que pondría en discusión subsidios y reglas de competencia entre estados miembros. La pregunta de fondo es cuánto costará esa autonomía y quién la financiará.