El pedido de Canarias pone en juego la capacidad de recepción de las islas, la atención de quienes llegan y la distribución de responsabilidades entre el archipiélago y el Estado central. Un aumento sostenido de llegadas presiona sobre centros de acogida, servicios sociales y recursos policiales en territorios con pocos habitantes. La respuesta de Madrid definirá si el problema se trata como una emergencia puntual o como una cuestión estructural que exige financiamiento y coordinación permanentes. Del tiempo que tarde esa definición depende lo que pase en las islas en las próximas semanas.