Las propiedades públicas dejarán de servir como base logística para los operativos migratorios federales dentro del estado, lo que cambia el mapa de dónde pueden organizarse esas acciones. Para las familias de migrantes que viven en California, el alcance de la norma define en qué espacios oficiales el Estado no colaborará con la detención de personas. La disputa entre la legislación estatal y la política federal de inmigración queda así más tensa, y el resultado dependerá de cómo se aplique la ley en la práctica.