El cruce pone en el centro a la Defensoría del Pueblo de Colombia, la institución encargada de proteger derechos y de intervenir en procesos judiciales que involucran a funcionarios públicos. Cuando una de sus máximas autoridades queda en el ojo de una disputa con la Jurisdicción Especial para la Paz, lo que se discute es la credibilidad de los mecanismos que deberían canalizar esas causas. La pelea excede a las dos figuras: define quién puede hablar en nombre de las víctimas y bajo qué reglas.