El planteo instala el narcotráfico como eje de la discusión electoral española, en un momento en que los partidos compiten por la percepción de seguridad. Las críticas al bipartidismo apuntan a una disputa sobre quién debe conducir la respuesta penal y policial. Lo que está en juego es cómo se traduce esa agenda en leyes, presupuesto y control territorial en los próximos comicios.