Que un político con pasaportes cancelados pueda salir del país con otra documentación pone en juego la eficacia de los controles migratorios de la región y la coordinación entre países para hacer cumplir decisiones judiciales. Para la Justicia brasileña, la fuga expone un límite concreto a sus sanciones. El caso deja a los Estados frente a la pregunta de qué valen las órdenes judiciales cuando el acusado tiene doble nacionalidad y medios para moverse.