Las sanciones de Estados Unidos ponen bajo presión a funcionarios bolivianos acusados de corrupción y narcotráfico, y el Gobierno decidió dejar claro que no los va a cubrir. La cuestión que se juega es hasta dónde llega la autonomía judicial de Bolivia frente a medidas externas y si el cese de los implicados alcanza para sostener esa independencia. Cada nuevo nombre sancionado vuelve a poner en foco la relación bilateral.