Las facultades legislativas que menciona el ministro habilitarían operaciones militares contra personas identificadas como líderes criminales, lo que cambia el rol de las Fuerzas Armadas frente al crimen organizado en Perú. Si la medida avanza, el Estado deberá definir con precisión quién entra en esa categoría y bajo qué controles se ejecutan las operaciones. Ese es el punto que todavía no está resuelto.