Una acusación de este tipo entre un diputado y un ministro pone en juego la confianza en quienes deciden sobre condenas a delincuentes sexuales. Las rebajas otorgadas son el dato verificable del caso, mientras que el vínculo con una red internacional es una acusación que deberá sostenerse ante la Justicia. Cuando el debate se traslada a los tribunales, la discusión sobre la política penal queda sujeta a lo que se pueda probar. Lo que se decida sobre la querella marcará cómo se discuten estas medidas.