Que una empresa de vuelos privados aparezca en una causa de corrupción estatal muestra cómo los servicios de traslado de alto perfil pueden quedar atados a maniobras de lavado. La investigación ya no se limita a los funcionarios que firmaron contratos: alcanza a proveedores que cobraron por viajes de políticos, empresarios y dirigentes deportivos. Para quien sigue el caso Andis, la pregunta pasa a ser cuántas otras firmas del rubro tienen facturas que todavía no se revisaron.