Casi dos millones de hogares y comercios verían subir su factura de agua y cloacas, mientras 684.000 usuarios pagarían menos. La diferencia depende de la situación de cada cliente, y el cambio se aplicaría por etapas, lo que da margen para anticipar cuánto se va a notar en el bolsillo. Un esquema de tarifas definido antes de la privatización fija las reglas con las que después se negocian los aumentos, y esa primera decisión suele pesar más que cualquier ajuste posterior.