La discusión deja de ser sobre una persona y pasa a ser sobre qué datos del jefe de Estado son públicos y cuáles quedan bajo reserva. Mientras el Gobierno responde con la fórmula legal de la competencia, el reclamo gremial apunta a episodios concretos de apariciones públicas que no tienen un diagnóstico oficial a la vista. Lo que está en juego es el criterio con el que se mide la capacidad para gobernar, y quién tiene derecho a verificarlo. Sin partes médicos, cualquier evaluación queda librada a la versión de cada parte.