El alto el fuego no detuvo las muertes, lo que pone en cuestión el alcance real del acuerdo y la capacidad de los mediadores para sostenerlo. Cada nuevo fallecido aumenta el costo humano de una población que ya atraviesa una crisis humanitaria severa, con acceso limitado a alimentos, agua y atención médica. Un número que sube día a día obliga a los gobiernos y organismos internacionales a revisar qué garantías existen y cuáles se están incumpliendo.