Es el tercer proceso penal en el que Cristina Kirchner aparece como acusada, y el primero en el que también se sienta su hijo Máximo. La acusación apunta a la figura de organización criminal, que amplía el alcance del caso más allá de las maniobras individuales. Si el tribunal avala esa tesis, el expediente podría redefinir la forma en que se investigan los vínculos empresariales de los funcionarios.