El juicio pone a prueba si el alquiler de inmuebles y habitaciones de hotel puede considerarse un mecanismo de pago encubierto en contratos del Estado. Si la acusación prospera, el caso podría fijar un criterio sobre cómo se rastrean los fondos de la obra pública en causas de corrupción. Para la defensa, en cambio, se trata de operaciones comerciales legítimas, y el resultado definirá qué tipo de prueba bastará para condenar. El tribunal tendrá que decidir si la trama patrimonial alcanza para sostener una condena por lavado.