Al pasar a manos del uso público, las 16 hectáreas quedan protegidas de la urbanización y el loteo que avanzan sobre los bordes de la ciudad. Los senderos abiertos también permiten que vecinos y visitantes accedan a la montaña sin depender de un propietario privado. Un gesto de este tipo muestra cómo la conservación puede resolverse con decisiones individuales, sin esperar únicamente a la acción del Estado.