Si la imputación se sostiene, el caso expone cómo una red de sociedades y cuentas de terceros habría movido fondos sin dejar rastro fiscal visible. El perjuicio estimado de $12.000 millones pone en juego recursos que el Estado no recaudó y el esquema de control sobre las financieras. Además, el vínculo con el fútbol abre una segunda línea de investigación que puede ampliar el alcance de la causa a otros actores.