Si el Consejo de Estado acepta el argumento, un legislador podría perder su banca por votar en comisiones que afectan a su propia familia. El recorte de $170.000 millones pone en juego fondos de una institución que procesa los casos de la guerra y de la reinserción de excombatientes. Lo que se decida va a marcar hasta dónde llega el deber de apartarse de una votación en la política colombiana. La sentencia servirá de precedente para cualquier congresista con parientes en el Gobierno.