Si el defecto se corrige con una fe de erratas, la ley sigue vigente sin volver a votarse, y el precedente sobre cómo se promulgan las leyes queda fijado. Si el caso llega al Tribunal Constitucional, las facultades delegadas quedan en suspenso mientras se resuelve la discusión. En ambos escenarios, el Ejecutivo y el Congreso deben definir quién responde por el error. La nota pone en juego la validez de una norma y el equilibrio entre ambos poderes.