Una denuncia ante organismos internacionales pone el debate sobre la libertad de prensa fuera del alcance del gobierno y lo instala como tema de escrutinio regional. Las amenazas a periodistas dejan de ser un cruce político para convertirse en un registro que otros países y organismos pueden citar. Lo que se pone en juego es si la cobertura crítica puede ejercerse sin temor a represalias verbales desde el más alto cargo del Estado.