La presentación lleva un conflicto entre el Gobierno y la prensa a organismos internacionales, algo que excede la discusión local. Si estos organismos toman el caso, el Estado argentino quedaría obligado a responder por el trato a periodistas. Para cualquier ciudadano, la libertad de informar es la condición para enterarse de lo que pasa con su plata, su salud y sus servicios. Cuando el insulto se vuelve política, lo que se resiente es el derecho de todos a saber.