Es la primera vez que una organización de derechos humanos eleva a instancias internacionales un conflicto por declaraciones de un presidente contra la prensa en la Argentina reciente. Si la denuncia prospera, el caso pondría bajo revisión externa el tono que el Gobierno usa contra quienes investigan sus propias polémicas. Lo que está en juego es cuánto espacio queda para que un periodista cuente lo que no le gusta al poder sin temer por su nombre.