Una denuncia ante la CIDH y la ONU no tiene efecto judicial directo sobre el Gobierno, pero abre un expediente internacional que queda registrado y puede ser citado en informes sobre libertad de expresión en la Argentina. Para los medios y los periodistas que cubren al Gobierno, cada caso documentado pasa a formar parte de un registro público que excede el debate local. Lo que se pone en juego es si la confrontación con la prensa se vuelve un dato que la comunidad internacional también evalúa.