Una denuncia ante la ONU y la CIDH pone el tratamiento de la prensa argentina en la agenda de organismos que pueden emitir recomendaciones al Estado. El caso obliga al Gobierno a responder en un foro internacional por la situación de los periodistas. Cuando un reclamo sale del país, la discusión sobre la libertad de prensa deja de depender solo de la coyuntura local.