Un balance que pasa de unas pocas víctimas a 40 muestra que la primera información subestimó la magnitud de lo ocurrido y que las familias de los muertos recién ahora empiezan a dimensionar la pérdida. El dato obliga a revisar la respuesta del Estado y de los organismos que operan en la zona. Lo que queda en juego es cuánta protección tienen las comunidades cuando la violencia armada se vuelve la regla.