Cuando un desalojo termina con personas heridas, el reclamo deja de ser sobre el espacio ocupado y pasa a ser sobre cómo el Estado ejerce su poder de policía. Las denuncias de este tipo suelen abrir investigaciones internas y obligan a revisar protocolos que rigen cada operativo futuro. Lo que está en juego es qué margen tienen las fuerzas de seguridad frente a quienes protestan de forma pacífica, y si esos límites se cumplen en la práctica o solo existen en el papel.