Decenas de chicas de una misma escuela quedaron expuestas con imágenes íntimas falsas que circulan o se venden sin que tengan forma de frenarlas. La denuncia penal alcanza a menores y a adultos que habrían sido cómplices, pero el caso deja al descubierto que cualquier aula puede convertirse en un mercado de este material. Lo que está en juego es la reputación, la salud mental y el futuro escolar de las víctimas, y el vacío legal sobre quién responde por la herramienta que lo hace posible. Mientras la regulación no llegue a las plataformas, la carga recae sobre las familias y las escuelas.