Las declaraciones de un dirigente sobre la responsabilidad del Gobierno en la protesta callejera instalan un marco de lectura sobre el orden público en el debate político. Cuando una acusación de este tipo se repite, condiciona cómo se interpretan las movilizaciones y qué respuestas se consideran legítimas. Lo que está en juego es la forma en que se discute la violencia en la protesta social.