La decisión judicial pone en juego la transparencia de un operativo que mueve a población detenida entre dos unidades del sistema federal. Los agentes que deben cumplir los nuevos destinos reclaman datos básicos sobre su trabajo, lo que deja expuesta la coordinación entre fuerzas. Si el secretismo sigue, el control sobre el trato a los presos queda en manos de quienes ejecutan el traslado.