Cuando las ayudas tras una catástrofe se pagan sin criterios claros, la reconstrucción de una comunidad entera queda sujeta a sospechas y demoras. Los afectados que reciben montos distintos por situaciones que consideran similares pueden perder la confianza en las instituciones que deben asistirlos. Hacer públicos los criterios es lo que permitiría verificar si la distribución es justa y dónde se generan las diferencias.