Una concesión extendida por tres décadas fija el rumbo de la infraestructura aeroportuaria mucho más allá de cualquier gobierno. Con u$s 600 millones en juego, las obras van a definir capacidad, costos y tiempos de viaje para millones de pasajeros. La extensión también cambia la negociación de tarifas y prioridades de inversión. Lo que se decida ahora va a condicionar el sistema durante una generación.